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Boletín de prensa 12 de septiembre de 2011

 

EL TIEMPO

 

LEY ANTIRRACISMO EN COLOMBIA

 

Ojalá que el color de la piel deje de ser un óbice para que todos los colombianos tengan igualdad de derechos.

En los próximos días está a punto de ser sancionada una ley por parte del Ejecutivo, que castigará las conductas raciales que se practican disimuladamente en Colombia. Dicha ley nace producto de una iniciativa de un grupo de líderes afrocolombianos residentes en Bogotá, quienes  resolvieron  redactar un proyecto de ley antirracismo y la pusieron a consideración de la Cámara de Representantes,  la cual fue  aprobada por unanimidad por dicha célula congresional.

La citada norma le pone coto a esta típica violación de los derechos humanos en contra de las minorías étnicas en Colombia, discriminación  esta  que se viene  presentando en todas las esferas políticas, sociales y laborales de este país. Se espera que la ley sirva de antecedente para reducir un poco esta ignominiosa práctica.

Si hacemos memoria, esta ley tiene su razón de ser en la exclusión racial que padecen las minorías étnicas (negras e indígenas), con la anuencia del Estado colombiano, y que últimamente se había patentizado esta discriminación con algunos afrocolombianos en varias  discotecas de Cartagena  y  Bogotá, y que pocas personas han tenido el valor  de denunciarlas, como sí lo hicieron  las  jovencitas Johana Acosta y Lena Tatiana Acosta, y los  hechos más  recientes  sucedidos  a  la ex reina nacional de la belleza Vanesa Alexandra Mendoza Bustos y a los jóvenes afro en las discotecas Gavanna, Sirocco y Genoveva, de la capital de la república, y las cartageneras Carbonera y Kukayit.

Recordemos también que, en los últimos años, las discotecas  colombianas se han convertido en el escenario propicio para  confirmar la práctica de acciones racistas en Colombia. En un artículo publicado por EL TIEMPO y escrito por el prestigioso columnista Daniel Samper Pizano, este  comenta que  la revista 'SoHo' contactó a un grupo de jóvenes afrocolombianos y los envió a que visitaran las discotecas de la zona rosa de Bogotá. Se comprobó que de 13 discotecas a las que estos acudieron, apenas en Pravda y Crow los dejaron entrar. En las otras, los discriminaron.

El problema no es tan sencillo como el no poder acceder a una discoteca elitista y racista. Todo ello obedece a una problemática social muy arraigada en la  sociedad  colombiana y secularmente  patrocinada por el Estado, en donde sociológicamente nunca se les ha reconocido a los afrocolombianos los derechos que le asisten como segundo grupo étnico y su gran aporte a la colombianidad. De  ahí que el estamento estatal siempre los ha  sometido a la relegación y a la pobreza  marginal.

El Estado colombiano siempre ha sido cómplice de las injusticias que se presentan con las minorías étnicas. Para ilustrar un poco la situación de los afros en Colombia, desde los más humildes cargos del Estado colombiano hasta los altos tribunales, esta etnia no ha tenido participación política, ya que las reformas políticas y electorales siempre han estado orientadas a intereses sectoriales y particulares de  clase dominantes y burguesas, que no les permiten a ocupar los  espacios de poder, en donde se toman las grandes decisiones del país, ya sea en escenarios de elección o nombramientos. Para muestra un botón: actualmente en el gabinete ministerial del Primer Mandatario no aparece un elemento afrodescendiente y menos un  indígena.

 

Ante este panorama que afronta la población afro en el país, amerita que sus elementos tomen conciencia e identidad, cambiando de actitud en pos de un desarrollo armónico de sus regiones, haciendo defender los derechos constitucionales que les asisten, asociándose  y eligiendo sus propios voceros ante el Congreso Nacional, que legislen por las reivindicaciones sociales de todas las minorías étnicas y no por  las migajas personales que les ofrecen los gobiernos de turno.

Además, se requiere  exigirles al Gobierno central y al Congreso la  promulgación de una ley de la República que les permita a las minorías étnicas una participación política porcentual en los diferentes cargos del Estado (ley de cuotas), como sucede en otras latitudes, en donde todos los ciudadanos, independientemente de su etnia, accedan a los altos cargos del Estado, sin ninguna discriminación.

Se anhela que en un futuro no muy lejano Colombia cambie y sea un país más justo y digno, en donde el color de la piel no sea óbice para que todos sus asociados gocemos de los mismos derechos que nos asisten por ser  ciudadanos de este país.

 

EL ESPECTADOR

 

INTERNET Y LA CONSTITUCIÓN

 

Por: Juan Carlos Gómez

 

En días pasados se presentó un proyecto de reforma constitucional para entronizar el acceso a internet como un derecho fundamental.

Esa iniciativa, de la que son autores muchísimos senadores y representantes, es sugestiva y suena democrática y de avanzada.

Sin embargo, cuando se lee el texto del mencionado proyecto, lo que se encuentra es que es innecesario desgastar la actividad del Congreso de la República en su discusión.

Actualmente el artículo 20 de la Carta consagra el derecho a la información como fundamental. En lo esencial, esta disposición es lo mismo que al respecto declararon los revolucionarios franceses en el siglo XVIII y que después copiaron muchas constituciones del mundo respecto de la libertad de opinión, de pensamiento y de expresión. La norma como está es suficiente.

La propuesta de reforma constitucional consiste simplemente en agregarle a ese artículo 20 un parágrafo que le ordena al Gobierno radicar ante el Congreso un proyecto de ley que regule el acceso a la internet.

La primera cuestión que suscita la lectura de esa iniciativa es que no es necesario en lo absoluto regular ese acceso. Precisamente, si lo que se quiere es darle relevancia al correspondiente derecho, lo que no se debe hacer es regularlo en cuanto que ello pueda implicar una indebida restricción. Actualmente existe suficiente regulación al respecto y lo que se requiere es procurar por su correcta aplicación.        

Si lo que se quiere con la propuesta es incentivar la masificación del acceso a internet, los autores de la propuesta saben que hace más de un año el presidente y el ministro de las TIC lanzaron con tal fin el plan Vive Digital, que se está implementando con las limitaciones de recursos financieros propias de un país en desarrollo con tantas carencias en otros frentes del desarrollo humano.

Que no se llame, pues, la gente a engaños. Lamentablemente estamos muy lejos de lograr que al menos en la mitad de los hogares colombianos se cuente con un computador conectado a internet. Eso sí sería garantizar de verdad el acceso a la red, sin importar lo que se escriba en la Constitución.

 

EL NUEVO SIGLO

 

MAÑANA PASARÍA A SANCIÓN PRESIDENCIAL CASTIGO A DISCRIMINACIÓN

 

Nadie podrá ser segregado por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual.

Luego que al final de la semana pasada recibiera el visto bueno de la plenaria del Senado, mañana se da por descontado que la plenaria de la Cámara haga lo mismo con el proyecto de ley que penaliza cualquier acto de discriminación en Colombia por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual.

Hace ocho días, relató el representante bogotano Alfonso Prada, del Partido Verde, coordinador de ponentes, se radicó “la conciliación del texto de la ley de discriminación” que recogió en su integridad el texto aprobado por la Cámara el 30 de agosto y que “incorpora la penalización de la discriminación en todas sus formas”.

Se trata del proyecto de ley número 165 de 2010 Cámara – 08 de 2010 Senado, “por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones”.

El proyecto, que inicialmente solo castigaba la discriminación racial, irá a conciliación porque precisamente la Cámara amplió el concepto para abarcar otros tipos de segregación.

Así lo propuso en el pliego de modificaciones el ponente de la iniciativa, el representante Prada, quien planteó que, como quedó aprobado, además de la discriminación por raza se castigue también la segregación por religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual.

La iniciativa, que fue radicada por la bancada del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira), contempla sanciones penales y económicas.

“No racismo, no discriminación, no hostigamiento y no segregación en nuestro territorio”, expresó el senador Carlos Alberto Baena, presidente del Mira.

El proyecto aprobado modifica el 134A del Código Penal, que quedó así: “El que arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Explicó Prada que se consideró “necesario incluir en la ponencia un tipo penal mediante el cual se establezcan sanciones por la comisión de actos de discriminación no solo racial sino también por razones de religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo  u orientación sexual, por lo que es necesario además eliminar el artículo del proyecto de ley que consagraba el delito de racismo y en consecuencia tipificar el delito de actos de discriminación”.

Pero, además, Prada introdujo una reforma al 102 del Código Penal: “Apología del Genocidio. El que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien o promuevan el genocidio, o de alguna forma lo justifiquen, ya sea apoyando o negando un genocidio cometido en cualquier época o lugar, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, multa de 666,66) a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses”.

 

Neonazis vedados

 

Con el castigo a la “apología del genocidio” quedarían en la ilegalidad las organizaciones neonazis que justifican prácticas de genocidio y persecución racial, como el Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial; quienes asuman estas conductas podrían ir a la cárcel hasta por 15 años.

“Cuando hay circunstancias de agravación punitiva, las penas se incrementan”, declaró la representante Gloria Stella Díaz, del Mira.

 

¿CONVIENE CAMBIAR LA FIGURA DE CONTRALOR?

 

Expertos judiciales aseguran que la Contralora actual ha hecho bien su trabajo, por lo que no sería conveniente por ahora buscar una fórmula alternativa.

No resultaría conveniente cambiar la figura del Contralor General, pues la actual titular de esa dependencia Sandra Morelli ha hecho bien su trabajo, dijeron expertos en temas judiciales, al analizar una propuesta hecha días atrás por el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Sigifredo Espinosa.

El magistrado Espinosa propuso, dentro de la discusión en el Congreso de la reforma judicial, crear un tribunal conformado por tres magistrados que se encarguen de vigilar los dineros públicos, los cuales tendrán un período de ocho años, para así evitar cada cuatro años el cambio del director del ente de control y así tener una política de vigilancia más constante. 

Ex procuradores y ex fiscales le dijeron a EL NUEVO SIGLO que debido a que la actual contralora Morelli ha hecho un buen trabajo, no sería oportuno estudiar una propuesta de esa índole en estos momentos.

El ex fiscal y ex procurador Alfonso Gómez señaló que esa propuesta podría ser malinterpretada en momentos que la Contraloría está arrojando buenos resultados.

“Esa propuesta se ha hecho en el pasado, que es lo que se llama el tribunal de cuentas y así es como funciona en otros países, en un proyecto de reforma constitucional que a última hora se hundió tal vez en 1983. Lo que me parece es que en este momento tenemos una Contralora que está dando resultados, que está seriamente comprometida, y de pronto una propuesta como esta puede ser malinterpretada como una deslegitimización de lo que se está haciendo, pero creo que esa fórmula se puede estudiar después”, dijo el ex director del ente investigador.

Por su parte, el ex procurador Jaime Bernal afirmó que hay que revisar si lo que no está funcionando es la institución o la persona que la dirige a la hora de reformar la entidad: “Me parece que la Contraloría lo ha hecho bien. En consecuencia, eso de eliminar instituciones para crear otras instituciones con las mismas funciones, no se hasta donde sea una respuesta idónea para acabar o no la corrupción. El problema es un poco humano, que se origina muchas veces a partir de la forma como se nombran a las personas, y uno observa que cuando hay una gran influencia política en esto, puede que no funcione como debiera”.

“Sin embargo, habría que determinar qué está fallando en esas instituciones, si es por razón de la estructura de la misma institución, cambiémosla, y si es por la existencia de la misma, acabémosla; o si es por razón del problema humano que puedan tener las instituciones, buscar la forma para nombrar gente transparente”, dijo el ex jefe del Ministerio Público.

El también ex procurador general Edgardo Maya se mostró más de acuerdo en buscar medidas que le den más dientes a la Contraloría para actuar.

“Esa fue una propuesta que fue derrotada en la Asamblea Constituyente, y yo creo que a la Contraloría General de la República lo que ha hecho es fortalecerla en su esencia, para que ejerza un control fiscal eficiente. Habría que analizar si vale la pena regresar nuevamente al control previo, o sea antes que sucedan los hechos o buscar otras normas de intervención más contundentes”, afirmó el ex director del ente de control.

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y coordinador de la comisión de reforma a la justicia en el anterior gobierno, Alejandro Bonivento, se preguntó si esa propuesta podría  mejorar o no el rendimiento de la Contraloría, y aseguró que proposiciones como esas no son claves en el debate de una reforma judicial.

 

¡SÍ! CADENA PERPETUA

 

MARÍA ANDREA NIETO ROMERO

 

 “Terminamos con mujeres disfrazadas de mujeres”

ES  inconcebible que las mujeres de Colombia tengamos que aguantarnos que los congresistas del país (con algunas excepciones) defiendan los intereses de los hampones frente a los derechos de las víctimas.

 

La semana pasada me hervía la sangre al ver al representante Germán Navas Talero defendiendo la “dignidad” de los violadores y al conservador Humprey Roa argumentando que la iniciativa de la senadora Gilma Jiménez es populista.

Desde sus miserables existencias tienen razón estos dos representantes, porque con sus posiciones dejan ver la nula sensibilidad social que tienen frente a la población más vulnerable de nuestro país: los niños y las niñas.

Para estas dos joyas es indigno para la humanidad del violador dejarlo encerrado para el resto de sus vidas por violar, por ejemplo, a la niña de 22 meses o al chiquito cuyo verdugo fue un perro entrenado para tal fin.

Lo más vergonzoso de todo esto no son los congresistas en mención, sino la posición de la única mujer hasta ahora en ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación. ¿Qué la propuesta va en contra del sistema jurídico colombiano? No será más bien que este delito miserable no está debidamente contemplado en un sistema judicial permisivo? ¿Cómo es posible que la sensibilidad de mujer no haya primado sobre la fiscal Morales?

Es decepcionante ver que las mujeres que ocupan cargos importantes en la vida política colombiana no tienen el mínimo conocimiento de políticas sociales con perspectiva de género y esto incluye por supuesto a Cristina Plazas, Alta Consejera para la Mujer, que aterrizó en el puesto sin preparación académica y profesional para la defensa de la Mujer y sus obvios intereses como lo son las familias y por supuesto los/as niños/as.

Es una lástima que por más esfuerzos de la ley de cuotas terminamos con mujeres disfrazadas de mujeres que funcionan con el corazón y raciocinio de un hombre.

Desde esta columna invito a todas las colombianas a que nos movilicemos enérgicamente por el bienestar de nuestros niños/as. Tenemos derecho a exigir que el Congreso le permita al pueblo colombiano decidir si queremos cambiar la Constitución Política de Colombia. ¿Quién dijo que la Carta no se puede modificar y con ella el sistema permisivo judicial? ¿El pueblo es el dueño de la Constitución y no los congresistas. ¿Cuál es el miedo de los políticos a que haya cadena perpetua?

Las invito a poner avisos en ventanas de apartamentos, casas y vehículos: ¡Sí! Cadena Perpetua. Defendamos nuestros niños y niñas de los violadores y de los políticos insensibles a esta gravísima realidad colombiana.

 

 

REFORMA A LA JUSTICIA

 

RODRIGO POMBO CAJIAO

 

“Lo único que medio funciona es la acción de tutela”

COMO  es de público conocimiento, actualmente cursan en el Senado dos proyectos de acto legislativo que pretenden reformar la Constitución en materia de Justicia. Uno fue el presentado por el Gobierno Nacional y el otro, por el Consejo de Estado.

Los proyectos tienen más de 20 artículos cada uno y pretenden darle un vuelco total al sistema judicial lo cual, de suyo, hace presagiar la inconstitucionalidad de la reforma como quiera que la Corte Constitucional, -de llegar a aprobarse-, la va a “tumbar” por cuanto la misma implica una sustitución de la Constitución Política más que una reforma.

Si simplemente se hubiese leído bien la jurisprudencia constitucional al respecto se sabría que la única manera de conseguir tan vasta reforma (sustitución) era a través de un referendo popular.

Con todo, bien vale la pena analizar, por lo pronto, tan solo un aspecto. Este tiene que ver con el espíritu que acompaña a las iniciativas.

En efecto, por todos es conocido que en Colombia NO existe la administración de justicia. No existe justicia estatal e institucionalizada, inclusive, hace un par de años tuvimos un paro total de la rama judicial por varios meses y no sucedió nada. Ello es prueba fehaciente de que en este país carecemos por completo de la administración de justicia. Más aún, existen importantes y muy serios estudios que indican que en Colombia no hay justicia, que la congestión es tanta y la impunidad tan grande que solo 1 de cada 10 casos se resuelven y con una demora que supera los 5 años promedio (ello sin contar con la falta de denuncias por parte de los ciudadanos). En otras palabras, la poca justicia que se imparte es tardía, inoportuna y por ende ineficaz.

Ahora bien, lo interesante es que mientras para el Gobierno esa situación obedece a algunas causas como la concepción del sistema jurídico, para los jueces, en cabeza del Consejo de Estado, en cambio, se resumen en 3: (i) la falta de presupuesto; (ii) el aumento de los derechos y de las acciones de defensa de los mismos y, (iii) los reiterados errores del ejecutivo que hacen que la gente acuda ante los jueces a implorar justicia.

Ninguno de los proyectos, sin embargo, admite que gran parte del problema reside en la calidad de los jueces pues son ellos los que aplicando las mismas normas se demoran en su fallo. Por eso es que no se explica cómo la justicia paisa se demora menos de la mitad que la costeña en decidir si ambos aplican idéntica norma. Por eso es que las medidas cautelares son la excepción, incluso en tratándose de acciones constitucionales a pesar de que el daño es evidente. Por eso es que lo único que medio funciona es la acción de tutela en virtud de la cual se le exige al juez que en un plazo impostergable falle en 10 días así su decisión esté equivocada.

 

REVISTA SEMANA

 

LA RUEDA DE LA FELICIDAD CLIENTELISTA

 

Por Jesús Pérez González-Rubio

 

En mi opinión lo que politiza a la justicia y hasta puede vulnerar su dignidad no es que estas Altas Cortes postulen sino que los Jueces sean elegidos por los políticos que toman asiento en el Congreso y en la Casa de Nariño.

Tanto el proyecto del gobierno como el del Consejo de Estado contienen iniciativas positivas y otras que no lo son tanto.

Muy positivo en el proyecto del gobierno es todo lo referente a la acción de Tutela.

Muy positivo en el del Consejo de Estado es la idea que subyace en su articulado de que los Jueces no deben ser elegidos por los políticos, en lo cual tiene toda la razón pues eso puede derivar en que las sentencias, sobre todo algunas especialmente sensibles, sean políticamente influidas.

Hablando del Consejo Superior de la Judicatura, el señor Ministro de Justicia, Doctor Juan Carlos Esguerra, ha dicho lo siguiente: “me parece que ha incurrido en inconvenientes propios de la politización y, además, el consejo como institución, ha sido perjudicado por un exceso de injerencia de la política partidista y de la política al menudeo a la hora de la integración de sus miembros” (El Espectador, 14/08/2001). Está refiriéndose sin duda a los integrantes de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria que son elegidos cada uno de ellos por el Congreso en pleno de ternas que envía al efecto el gobierno. (a.254.C.P.)

No es difícil coincidir con el doctor Esguerra a este respecto. Llama poderosamente la atención, sin embargo, que después de este acertado diagnostico, el gobierno proponga en su proyecto que el Procurador General de la Nación, la más alta autoridad en materia de justicia disciplinaria, sea elegido de la misma manera que lo son hoy los descalificados Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, es decir, por el Congreso en pleno de terna que le envíe el gobierno. (a.24 Proyecto de Acto Legislativo) Donde existe la misma causa es lógico esperar el mismo resultado. Es decir, “un exceso de injerencia de la política partidista y de la política al menudeo” a la hora de la elección del Procurador, con sus naturales consecuencias. La incoherencia que a este respecto se observa en el proyecto de gobierno, clama al cielo, no puede ser mayor.

Y hablando de incoherencias, encontramos una adicional pues el proyecto del gobierno busca la eliminación de las dos Salas del Consejo Superior de la Judicatura. No fue exactamente esto, sin embargo, lo que prometió el candidato Juan Manuel Santos. Las siguientes son sus palabras textuales: “En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura, no propongo eliminarlo, aunque sí es necesario reformarlo. Buscaremos el apoyo de las altas cortes y de la Rama Judicial en general para que este organismo que dedicado solo a funciones disciplinarias, a administrar la carrera judicial y a servir de instancia para dirimir conflictos de competencia, todo sin afectar la independencia de la rama. Se eliminaría la Sala Administrativa y, con ella, sus funciones administrativas”. (Ámbito Jurídico, 17 al 30 de mayo de 2.010, página 16) La Sala Jurisdiccional Disciplinaria quedaba a salvo en la propuesta del candidato.

Respecto de ella lo que realmente hay que modificar, es su forma de elección como lo sugiere el Consejo de Estado. Y por las razones politiqueras que señala con acierto el señor Ministro de Justicia.

Otro tanto podemos decir respecto del Contralor General de la República que según este proyecto “será elegido por el Congreso en pleno” (a.22 Proyecto de Acto Legislativo), eliminando los tres centros actuales de postulación: La Corte Constitucional, la Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

En mi opinión lo que politiza a la justicia y hasta puede vulnerar su dignidad no es que estas Altas Cortes postulen sino que los Jueces sean elegidos por los políticos que toman asiento en el Congreso y en la Casa de Nariño.

El mismo proyecto contempla que el Contralor así elegido postulará ternas para que las Asambleas y los Consejos seleccionen al Contralor Departamental, Distrital o Municipal. La rueda de la felicidad clientelista. Debe recordarse que el Contralor es Juez de la República pues bajo su responsabilidad están los juicios fiscales.

 

CARACOL RADIO

 

PERSONERÍA DE MANIZALES HA ENTABLADO MÁS DE TRES MIL TUTELAS EXIGIENDO DERECHO A LA SALUD

 

 Delegados del Ministerio Público en Manizales reportaron que este año se han entablado 3.000 acciones de tutela por el derecho a la salud de cotizantes y beneficiarios de las Eps particulares y del Estado, del regimen contributivo y del Sisben.

El Personero de Manizales Juan Carlos Perez, indicó que en el caso de esa entidad los abogados han tramitado 1.258 peticiones judiciales por el derecho a la salud, 220 para la realización de cirugias, 168 requiriendo especialistas, 145 para examenes médicos, 148 para el reconocimiento de viáticos a los familias y pacientes remitidos a otras ciudades, 89 por tratamientos en especial a enfermos terminales y 172 por otras anomalias en los servicios de salud.

Se han presentado además a las entidades competentes 214 derechos de petición en los que se reclama de las entidades prestadoras del servicio la respuesta a peticiones y solicitudes no planteadas por la vía de la tutela.

El Defensor del Pueblo Gustavo Restrepo Perez, indicó que la entidad ha presentado 1238 solicitudes de tutela en apoyo a los ciudadano, el mayor número por retraso en la asistencia a enfermos de cancer, de sida, menores y personas de la tercera edad que requieren con mayor urgencia la asistencia medica. Según el Consejo Seccional de la Judicatura los abogados particulares han presentado cerca de 440 peticiones jurídicas por el derecho a la salud.

 

LA VANGUARDIA – VALLEDUPAR

 

LA CORTE SUPREMA INICIARÁ JUICIO POR CASO DE CHUZADAS

 

Mañana, ante la Sala Penal de la Corte, comenzará la etapa de juzgamiento contra María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, y Bernardo Moreno, exsecretario general de Presidencia.

Lo más posible es que la exjefe del organismo de inteligencia no asista, ante lo cual, los abogados de las víctimas, como Luis Guillermo Pérez, defensor de la ex senadora Piedad Córdoba, pedirá que el Gobierno Nacional pida a Panamá el levantamiento del asilo que se le concedió y que los delitos que hayan cometido sean calificados como de lesa humanidad.
“Estamos hablando en relación con Piedad Córdoba que se le desapareció, torturó y asesinó a su asesor, Jaime Gómez; estamos hablando de que se enviaron muñecas descuartizadas y sufragios, estamos hablando de toda una actividad criminal contra todo aquel que se opusiera al señor Álvaro Uribe Vélez”, sostuvo Pérez.